dejusticia

viernes, abril 4

Desde el Chicago de Obama

Por Cesar Rodriguez

Chicago siempre ha sido una ciudad refrescante en Estados Unidos. La arquitectura que rompe con la cuadrícula de los McDonald’s, Holiday Inns y centros comerciales idénticos en todo el país. La combinación de la amabilidad de ciudad pequeña con el despelote, desigualdad y diversidad de gran metrópoli. Y hasta la corrupción rampante que sigue marcando el gobierno de la ciudad mucho tiempo después de la época de la mafia de Al Capone.

Ahora la corriente de aire fresco viene de lo que ha producido la política local: el fenómeno de Barack Obama. No hay que olvidar que el candidato presidencial demócrata hizo sus primeros pinitos como político local en Chicago. Y de los buenos: los que trabajan en los muchos barrios pobres (y, claro, negros) de la ciudad. Ese fue su trampolín a la política nacional, a la que llegó como congresista del estado donde está Chicago (Illinois). Como todo el mundo sabe, el fenómeno Obama ha llegado al punto de tener tambaleando a la dinastía Clinton y estar cerca de ganar las primarias demócratas. Lo que, en un país donde el 80% de la población por fin se cansó de la absurda guerra de Irak y la crisis económica del gobierno Bush, probablemente significa ganar las elecciones presidenciales de noviembre.

El ascenso de Obama tiene tantos significados que da para muchos blogs. Para no alargar el cuento, por ahora, me limito a uno clave: la sola candidatura de Obama ha convulsionado el panorama de las relaciones raciales y el racismo estadounidenses. En lugar de sacarle el cuerpo al tema, como lo habían hecho todos los políticos gringos desde los días del movimiento por los derechos civiles de los sesenta, se dio la pela de dar un discurso memorable sobre el tema, a la vez honesto y conciliador.

Para quienes no quieran o puedan seguir el discurso, lo que Obama dijo –palabras más, palabras menos— es que el racismo ha dejado huellas y resentimientos profundos tanto en los negros como en los blancos. Y que, paradójicamente, estas heridas perduran aunque el paisaje racial estadounidense sea mucho más mezclado y variado que antes. De hecho, como buen político que es, Obama no pierde ocasión de recordar que él mismo es hijo de padre negro de Kenia y madre blanca de Kansas.

Ojalá gane Obama. Entre otras cosas, porque así le va a quedar difícil al gobierno colombiano olvidarse del racismo de nuestro Estado y nuestra sociedad cuando ya no tenga la presión de la bancada negra del Congreso gringo como condición para aprobar el TLC. Me pregunto si, cuando llegue Obama a la Casa Blanca, el Presidente Uribe sería capaz de volver a decir, como lo hizo en un consejo comunitario en Cali el año pasado, que en Colombia no hay racismo.

miércoles, marzo 26

Blogs, pluralismo y libertad de expresión

Por: César Rodríguez Garavito

Muchas veces, al escribir en este blog, me pregunto quién lo lee. Como la mayoría de los comentarios son anónimos, no tengo idea quién se toma el tiempo de leer estas líneas y, mucho menos, de dedicarle un rato a reaccionar a ellas. Lo que sí sé es que, a juzgar por las críticas que llueven, mucha de la gente que comenta piensa muy distinto a mí.

Y esto me alegra y, de hecho, justifica el esfuerzo de mantener este espacio. Porque no veo otra razón para los blogs que crear lugares de discusión abiertos y respetuosos donde se encuentren (y, por qué no, choquen) personas muy distintas que nunca se cruzarían en círculos profesionales o de amigos. Y que, a falta de estos espacios, estaría desfogando sus diferencias en intrigas personales o en apoyos a agendas políticas extremas o incluso violentas.

El problema es que, a juzgar por un excelente libro que acaba de sacar Cass Sunstein (un profesor de derecho en la Universidad de Chicago y, creo, el jurista público más interesante de EE.UU), la realidad del Internet y de los blogs es menos optimista que la utopía del debate virtual que acabo de pintar. En Republic 2.0, Sunstein muestra cómo el Internet puede estar cerrando la discusión pública, confinándonos a todos a leer sólo lo que queremos ver y llevándonos a hablar sólo con la gente que piensa como nosotros. En palabras de Sunstein, el Internet en general, y los blogs en particular, pueden estar convirtiéndose en un gran “cámara de eco” de lo que uno ya piensa.

Los “ciberoptimistas” como yo (al menos antes de leer el libro) han puesto el grito en el cielo y critican a Sunstein por aguar la fiesta de la expresión libre en Internet. Pero creo que hay que pararle bolas al argumento de Sunstein. Porque todos los que usamos el Internet hemos recurrido a formas de manejar información que ahorran tiempo pero inevitablemente nos cierran a opiniones contrarias. ¿Quién se lee todas las columnas de opinión, incluyendo las de los columnistas de sesgo político contrario? ¿Quién se preocupa por seguirle la pista a las agencias de noticias que le hacen propaganda al bando contrario? ¿Cuánta gente de izquierda ve Fox News? ¿Cuántos de derecha ven Telesur?

El asunto es complicado y dará para más blogs. Por ahora les dejo la inquietud, agregando sólo que Sunstein no cree en remedios basados en la regulación estatal del Internet, sino en prácticas más abiertas y plurales de gente como usted o como yo que nos pasamos buena parte del día navegando por la red.

jueves, febrero 28

Para reconocer el dolor sufrido por todas las víctimas y superar la asimetría que existe entre ellas, ¡salgamos a marchar el 6 de marzo!

El Centro de Estudios DeJuSticia hace un llamado a toda la sociedad colombiana para que salga a marchar el próximo 6 de marzo contra las atrocidades cometidas por grupos paramilitares y agentes estatales. El apoyo masivo a esta marcha resulta esencial para que la sociedad deje en claro que rechaza todas las formas de violación de los derechos humanos, provengan éstas de donde provengan.

A lo largo de la historia de violencia del país, y en especial en los últimos años, se ha demostrado que la ausencia de un rechazo unánime de las atrocidades cometidas por los diferentes actores ha generado una asimetría entre las víctimas. Hay víctimas que no son reconocidas como tales, o cuya condición de víctimas es interpretada como un efecto colateral de la guerra, como un mal necesario. Esto produce una segunda victimización de estas personas, una invisibilización de sus reclamos legítimos de justicia, verdad y reparación, y una consecuente negación de su dignidad.

Una movilización social que se solidarice también con estas víctimas constituye un primer paso necesario para acabar con esta situación injusta y para dar pie a una verdadera reconciliación democrática. Además, una movilización de esta naturaleza no implica negar o reducir el rechazo social frente a otras atrocidades, sino ampliar ese rechazo a otro tipo de crímenes. Tampoco implica toman partido por uno de los bandos del conflicto, sino antes bien superar la polarización que la guerra ha generado a través de un grito firme contra todos sus efectos devastadores. Por último, una movilización como ésta no implica debilitar los cimientos democráticos del Estado colombiano, sino por el contrario fortalecerlos a través de una crítica constructiva a los excesos cometidos por ese Estado, que son los que minan tales cimientos democráticos.

martes, diciembre 11

Tutela, ¿el único remedio?

La Defensoría del Pueblo reveló cifras muy interesantes sobre el uso de la tutela como mecanismo de acceso al derecho a la salud en Colombia. Según el estudio, un tercio reclama servicios de salud, y de este porcentaje la mitad pretende servicios que están incluidos en el Plan Obligatorio de Salud –POS-.

Estas cifras son la evidencia de que, para acceder a una medicina o a un tratamiento, no basta con que el POS contemple el servicio, o que para la jurisprudencia de la Corte Constitucional su prestación sea necesaria para garantizar la salud y la vida del paciente; muchas veces la tutela es el único remedio.

Por ello, muchos expertos han propuesto la creación de una justicia especializada que resuelva las tutelas de salud. Los defensores de la iniciativa creen que reduciría los niveles de congestión judicial que la tutela implica para los despachos, y, al mismo tiempo, especializaría la función. Como consecuencia, los jueces de tutela fallarían menos concediendo más de lo que corresponde o condenando a quien no toca.

Sin entrar en el debate sobre la congestión o la corrección de los fallos de tutela en salud, es preciso analizar las ventajas y desventajas de la tutela como mecanismo de acceso al derecho a la salud.

La acción de tutela ha sido un avance en el ejercicio real del derecho a la salud en Colombia. Ha permitido proteger la vida de miles de personas cuyas necesidades de salud no eran cubiertas por el POS y que no disponían de dinero para costear los gastos de salud. Además, es de obligatorio cumplimiento. Por ello, ha logrado el acceso efectivo a la salud para millones de colombianos, que de otra forma se hubieran quedado esperando en la puerta de un hospital.

Pero al ser el único mecanismo efectivo para obligar al cumplimiento del derecho a la salud, la tutela tiene varias desventajas. En primer lugar, genera problemas de inequidad. A pesar de que es una acción breve, en la práctica solo pueden interponerla quienes disponen de un mínimo de conocimientos, asesoría legal y capacidad de pago. Esto es especialmente grave para sectores que no cumplen estos requisitos, como los más vulnerables.

En segundo lugar, la tutela privilegia los casos más graves, es decir, sólo pueden acceder quienes demuestran que al afectar su derecho a la salud se está violando también su derecho a la vida. Esto deja por fuera la mayoría de reclamaciones en salud relacionadas con la calidad del servicio, como la demora en la programación de citas.

Finalmente, la tutela no logra impactar la política pública, ya que sólo resuelve el caso concreto. Por ejemplo, para las EPS es más rentable negar el servicio –pues unos pocos interpondrán el recurso- que cumplir de entrada con su deber de prestar una atención de calidad.

Con base en estos argumentos, Dejusticia los invita a debatir en torno a las siguientes preguntas: ¿Qué tan conveniente es garantizar el derecho a la salud a través del reforzamiento de la tutela? ¿Qué otras medidas, no necesariamente judiciales, serían adecuadas para facilitar que todos gocen su derecho a la salud?

lunes, septiembre 3

Reelección ¿Otra vez?

En las dos últimas décadas, la mayoría de los países latinoamericanos han reformado sus Constituciones con el fin de permitir la reelección presidencial. Ejemplo de ello son Argentina, y Perú (1993), Brasil (1997), Ecuador (1998), República Dominicana y Venezuela (2002), Costa Rica (2003) y Colombia (2004). El debate revivió porque el 15 de agosto pasado el presidente Chávez presentó al Parlamento una propuesta de reforma a la Carta venezolana para permitir la reelección presidencial indefinida. A su vez, la última edición de Semana articula conjeturas sobre un posible tercer mandato de Uribe.
La reelección se piensa como un medio más para promover u oponerse a determinadas políticas o personas. Por ejemplo, es dudoso que quienes apoyaron o se opusieron a la reelección en Colombia, asuman una postura similar en el caso venezolano. Por eso, para comprender la complejidad de la reelección presidencial necesitamos despersonalizar el debate y abordarlo desde sus razones históricas, políticas, filosóficas e institucionales. Por ello, presentamos a continuación de forma general algunos argumentos a favor y en contra de la reelección presidencial.
A favor de la reelección:
- incentiva la responsabilidad política en tanto los gobernantes deben esforzarse por cumplir con sus programas de gobierno a fin de obtener el apoyo ciudadano.
- implica una ampliación de la democracia, en tanto el pueblo tiene derecho a reelegir a sus buenos gobernantes. En este punto, confían en la existencia de electores capaces, democracias estables y maduras, así como instituciones robustas, encargadas de garantizar la ampliación de la democracia.
- permite mayor continuidad y estabilidad en las políticas, planes, programas y acciones de Gobierno ayudando a superar una concepción cortoplacista de las mismas.
- ocasiona riesgos para las garantías electorales, pero ello no es un pretexto para prohibirla del todo: Existen otras formas de control.

En contra de la reelección:
- el control político no es posible en virtud de la excesiva concentración de poder en la rama ejecutiva del nivel nacional.
- en nuestros contextos, la reelección presidencial se convierte en un mecanismo perverso. Para que no lo fuera, se requerirían partidos políticos fuertes, populares y autónomos, así como ciudadanos organizados, deliberantes, informados y respetados.
- la continuidad de los programas políticos no puede depender de una persona, en tanto las posturas personalistas, mesiánicas y caudillistas para afrontar los problemas resultan inconvenientes.
- la reelección es riesgosa porque los gobernantes harían un uso perverso de los recursos del poder para perpetuarse en él, generando fuertes desigualdades electorales.
- afecta el Estado de derecho y la estructura de separación y equilibrio de poderes.
Entre unos y otros argumentos, hay que pensar también en los matices.
Por ejemplo, no es lo mismo hablar de reelección presidencial con un periodo intermedio (alterna), de forma inmediata, o indefinida. Sus implicaciones son disímiles si se habla de regimenes presidenciales, parlamentarios, centralistas o federalistas. Es diferente hablar de reelección presidencial cuando se promueve durante el mandato de un presidente que busca ser reelegido. O bien, sus alcances son diferentes dependiendo de la fortaleza de las instituciones y la cultura política de determinado país.
Teniendo en cuenta tanto los argumentos a favor y en contra, así como los matices sobre este tema, les invitamos a responder: ¿es conveniente la reelección presidencial para América Latina, más allá de la actual personalización del debate?

Etiquetas: , , ,

martes, agosto 21

Cortes menos cortesanas

Esta semana, Ilva Myriam Hoyos y Cristina Pardo, integrantes de la terna para magistrado de la Corte Constitucional, declinaron su postulación argumentando que no estaban dadas las condiciones para una elección transparente.

Ellas consideraron que la terna estaba “cargada” porque el otro integrante es el secretario jurídico de la presidencia de la república, y cuenta con el aval más bien explícito del Congreso, el responsable de la elección.

Muy rápidamente el presidente rehizo la terna, incluyendo nuevamente al secretario jurídico y a otras dos personas muy poco conocidas en derecho constitucional.

Este hecho demostró de nuevo que los procedimientos de elección de los magistrados de las altas cortes son problemáticos por lo menos en tres sentidos. Uno, la determinación de las ternas se convierte en una forma de cooptar las instituciones judiciales. Dos, la ley de cuotas parece utilizarse para legitimar la elección de una terna que ya está amarrada y no para garantizar la participación de las mujeres. Tres, el debate que se da en torno a las postulaciones no trasciende la opinión pública ni toca temas como las idoneidad de los candidatos.

La mejor forma de lograr que los integrantes de las Cortes sean los más calificados en los planos ético y académico -y no los más útiles para las agendas ocultas- es que haya mayor transparencia en torno a las motivaciones y procesos de la terna.

Pensando en lo anterior, los invitamos a participar en torno a las siguientes preguntas:

¿Cómo avanzar hacia un proceso de elección de los magistrados que sea más abierto, informado e independiente, sin producir mayores traumatismos?

¿Debería pensarse, por ejemplo, en nuevos mecanismos para la elección de las altas cortes?

¿Es posible pensar en limitar la incidencia presidencial sobre la terna mediante una consulta previa?

lunes, julio 30

La pregunta no es tan simple

Para las próximas elecciones de octubre, ¿pueden o no postularse los desmovilizados que anunciaron su intención de ser elegidos como alcaldes, diputados y concejales?

Hasta la semana pasada, luego de conocer que algunos desmovilizados quieren ser gobernantes, muchos afirmaron que la cosa estaba clara, al menos en estrictos términos jurídicos: Pueden hacerlo si reúnen los requisitos, si no tienen antecedentes penales -salvo condenas por delitos políticos o culposos-.

Pero después de la polémica que se desató a propósito de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia sobre la inconstitucionalidad de aplicar el delito de sedición a los paramilitares, esa claridad se fue diluyendo. Si no se puede afirmar que algunas conductas de las autodefensas son delitos políticos, entonces todos los procesados podrían ser condenados por delitos comunes y, por lo tanto, no podrían presentarse a ningún tipo de elecciones.

La verdad es que ni antes ni ahora el asunto ha sido tan simple. Sea cual sea la respuesta que se dé, generará polémicas para el derecho, para la política, para la paz.

Adviértase la dificultad del defensor de derechos humanos. De un lado, algunos podrían argumentar que no debería negársele a los ex paramilitares –a los que realmente se hayan desmovilizado- que ejerzan plenamente su derecho a ser elegidos y a conformar las corporaciones públicas, puesto que se trata de sus derechos fundamentales. Pero de otra parte, ¿cómo puede alguien explicarle a las víctimas que ha defendido, cómo, aunque su derecho a la reparación aún no ha sido satisfecho, existe la probabilidad de que un ex paramilitar termine siendo el representante de sus intereses en las zonas que antiguamente controlaba por las armas? En tercer término, ¿no es una sanción legítima que quienes se han visto involucrados en crímenes atroces no puedan ocupar cargos que implican responsabilidad política y ejercicio de autoridad?

Para los partidos y movimientos políticos, la decisión tampoco es fácil. Admitiendo en gracia de discusión que jurídicamente no existen impedimentos para que los aspirantes se postulen como candidatos, algunos podrían señalar que no debería negársele a un ciudadano que quiere adherirse a su plataforma política el aval que necesita, si se supone que ya no tiene ningún vínculo con el paramilitarismo. Sin embargo, si el paramilitarismo no se ha desmontado realmente, ¿permitirles la participación en política a los desmovilizados no es en cierta medida autorizarles una cierta combinación de todas las formas de lucha, que es inadmisible en una democracia?

Algunos podrían responder diciendo que hay que darle tiempo al tiempo. Que los antiguos miembros de las autodefensas deberían entender la importancia de esperar a que el proceso termine y, ahí sí, si cumplen los requisitos, postularse para cualquier comicio. Así mismo, el país debería esperar a que se decantara la jurisprudencia que permite diferenciar delitos políticos y delitos comunes, así como todos los argumentos de la sentencia de la Corte Suprema. Pero no parece haber mucho tiempo. El 8 de agosto termina el plazo de inscripción de candidatos y algunos de los desmovilizados están en lista de espera para postularse.

Desde los derechos humanos y la dinámica partidista del país, ¿cuál cree usted que podría ser la mejor salida? ¿Hasta qué punto la sociedad debe asumir los riesgos de esas candidaturas?

jueves, julio 19

Jueces para paramilitares: ¡Qué largo me lo fiáis!

Todo es muy extraño. Según una noticia del diario El Tiempo y un informe de INDEPAZ, el paramilitarismo está tomando de nuevo media Colombia. A cuatro años de iniciado el proceso de paz con los jefes de las autodefensas, la retoma paramilitar del país plantea muchas preguntas a nivel político e institucional. Desde la cárcel, los comandantes que negociaron la paz con el gobierno nacional afirman que ellos no tienen ninguna relación con estos nuevos grupos, y que si algunos de sus hombres hacen parte de estos ejércitos privados es por su cuenta y riesgo y no por orden directa de los jefes presos.

Estos nuevos grupos paramilitares están conformados por desmovilizados y mandos medios de las antiguas AUC. Ellos se dedican a cuidar los cultivos ilícitos y los corredores estratégicos por donde transita la coca hacia Europa y Estados Unidos. Como mínimo, se puede inferir de esta situación que los pactos políticos no son suficientes para reducir a los hombres fuertes: por lo tanto, es necesario fortalecer la justicia.

La ausencia de un sistema judicial que vigile que los desmovilizados y los mandos intermedios no cometan más delitos, es uno de los factores que les permitieron a los paras retomar el control de las zonas donde tenían influencia. Un solitario juez promiscuo municipal de un apartado municipio del país no tiene la capacidad de someter al imperio de la ley a una banda armada. Tampoco puede denunciar ante los organismos competentes las irregularidades que cometen los paras reorganizados, porque su integridad personal está en juego. En suma, el juez se convierte en un convidado de piedra.

En su última columna de Semana, Antonio Caballero dice que lo único verdaderamente democrático que hay en Colombia es la impunidad. Los informes reseñados parecen darle la razón al periodista.

En El Burlador de Sevilla, de Tirso de Molina, don Juan Tenorio mata al padre de una de sus amantes engañadas. En el momento de morir, don Gonzalo lo amenaza con la justicia divina. Don Juan, burlándose, le dice: ¡Qué largo me lo fiáis!

Después de muchos otros engaños, don Juan vuelve a la tumba de don Gonzalo para mostrarle que sigue haciendo de las suyas, y hasta se atreve a invitarlo a comer. En la hora final, don Gonzalo se le aparece en la imagen de un convidado de piedra y le da muerte.

Esperemos que el Burlador de esta historia -el paramilitar reencauchado- no le diga a su juez, con la sorna del que no se siente al alcance del brazo de la justicia: ¡Qué largo me lo fiáis!

Entonces, ¿qué hacer para que esto no ocurra?




Etiquetas: , , , , , , , , , ,

domingo, febrero 18

Una sentencia polémica

La sentencia de la Corte Constitucional que reconoció derechos patrimoniales a las parejas del mismo sexo ha sido recibida por la opinión pública de cinco formas:

1. Algunos consideran que la sentencia es francamente desafortunada pues no se pueden extender a las parejas homosexuales los derechos de las parejas heterosexuales pues no sólo la Constitución sino también la sociedad colombiana protegen especialmente a la familia heterosexual.

2. Para otros, la decisión de la Corte es acertada porque protege a las minorías. Al otorgar derechos patrimoniales a las parejas del mismo sexo, no las deja desamparadas en caso de futuras calamidades o separaciones. Anteriormente, la ley 54 del 90, traía una definición heterosexual de la unión marital de hecho que permitía la repartición de las utilidades entre los compañeros y/o las compañeras permanentes de parejas heterosexuales. Esa situación era claramente injusta, pues el compañero y/o la compañera sobreviviente o el separado y/o separada de una pareja del mismo sexo quedaba inerme. La decisión de la Corte, entró a remediar este desequilibrio.

3. Otros se preguntan por la pertinencia de la decisión de la Corte. ¿Qué tan acertada es esa decisión para lograr la igualdad real de los ciudadanos LGBT? ¿Pueden equipararse las uniones heterosexuales a las uniones del mismo sexo? La respuesta de estas personas es negativa. Según ellos cada una de las uniones tiene sus particularidades por lo que igualarlas es un error. Por tanto, debería hacerse una legislación que tenga en cuenta tales peculiaridades. En su criterio, sólo así se lograría una efectiva igualdad.

4. Igualmente encontramos las posturas más comprometidas con la igualdad entre las familias homosexuales y heterosexuales que consideran que la Corte perdió una oportunidad preciosa para dar plenos derechos a los ciudadanos LGBT. Según su parecer, la Corte hubiera podido hacer más de lo que hizo, pues habría podido, por ejemplo, entrar también a amparar los derechos a la seguridad social de los compañeros permanentes de las parejas del mismo sexo. Según estos críticos, ahora habrá que esperar quién sabe cuánto tiempo, para que se vuelva a presentar otra oportunidad como la perdida.

5. Finalmente están aquellos que comparten la orientación de la decisión de la Corte, pero consideran que ésta no debió haber sido tomada por la Corte sino por el Congreso.

DeJuSticia invita a los visitantes de su página a que hagan sus comentarios alrededor de este tema.

jueves, febrero 1

(Des) Protección de las Víctimas

El día de hoy fue asesinada Yolanda Izquierdo, víctima y líder de las víctimas del paramilitarismo. Esta muerte es dolorosa, como los son cada una de las muertes causadas por la mano violenta de otras personas. Pero este suceso nos lleva a pensar y a cuestionar seriamente el proceso transicional que vive el país.

A pesar de que esta líder denunciara públicamente las amenazas en su contra el mes anterior y solicitara protección a la Fiscalía, durante todos los días pasados, esta impuso una serie de trámites que le impidieron obtener la protección que necesitaba de manera inmediata. No es posible continuar un proceso transicional, si su actor más débil, las víctimas, deben añadir a las vulneraciones causadas por los paramilitares, la de la ineficiencia del órgano encargado legalmente de protegerlas dentro del sistema penal acusatorio y la ley de justicia y paz.

El Estado no sólo debe tomar medidas en contra de quienes cometieron el crimen sino admitir la responsabilidad de su omisión, reevaluar el papel que debe jugar en el proceso y tomar medidas urgentes para impedir que la muerte de Yolanda Izquierdo pueda repetirse, siquiera con una más de las víctimas del proceso.