dejusticia

Desde el Chicago de Obama

2008-04-04T12:15:00.000-05:00

Por Cesar Rodriguez

Chicago siempre ha sido una ciudad refrescante en Estados Unidos. La arquitectura que rompe con la cuadrícula de los McDonald’s, Holiday Inns y centros comerciales idénticos en todo el país. La combinación de la amabilidad de ciudad pequeña con el despelote, desigualdad y diversidad de gran metrópoli. Y hasta la corrupción rampante que sigue marcando el gobierno de la ciudad mucho tiempo después de la época de la mafia de Al Capone.

Ahora la corriente de aire fresco viene de lo que ha producido la política local: el fenómeno de Barack Obama. No hay que olvidar que el candidato presidencial demócrata hizo sus primeros pinitos como político local en Chicago. Y de los buenos: los que trabajan en los muchos barrios pobres (y, claro, negros) de la ciudad. Ese fue su trampolín a la política nacional, a la que llegó como congresista del estado donde está Chicago (Illinois). Como todo el mundo sabe, el fenómeno Obama ha llegado al punto de tener tambaleando a la dinastía Clinton y estar cerca de ganar las primarias demócratas. Lo que, en un país donde el 80% de la población por fin se cansó de la absurda guerra de Irak y la crisis económica del gobierno Bush, probablemente significa ganar las elecciones presidenciales de noviembre.

El ascenso de Obama tiene tantos significados que da para muchos blogs. Para no alargar el cuento, por ahora, me limito a uno clave: la sola candidatura de Obama ha convulsionado el panorama de las relaciones raciales y el racismo estadounidenses. En lugar de sacarle el cuerpo al tema, como lo habían hecho todos los políticos gringos desde los días del movimiento por los derechos civiles de los sesenta, se dio la pela de dar un discurso memorable sobre el tema, a la vez honesto y conciliador.

Para quienes no quieran o puedan seguir el discurso, lo que Obama dijo –palabras más, palabras menos— es que el racismo ha dejado huellas y resentimientos profundos tanto en los negros como en los blancos. Y que, paradójicamente, estas heridas perduran aunque el paisaje racial estadounidense sea mucho más mezclado y variado que antes. De hecho, como buen político que es, Obama no pierde ocasión de recordar que él mismo es hijo de padre negro de Kenia y madre blanca de Kansas.

Ojalá gane Obama. Entre otras cosas, porque así le va a quedar difícil al gobierno colombiano olvidarse del racismo de nuestro Estado y nuestra sociedad cuando ya no tenga la presión de la bancada negra del Congreso gringo como condición para aprobar el TLC. Me pregunto si, cuando llegue Obama a la Casa Blanca, el Presidente Uribe sería capaz de volver a decir, como lo hizo en un consejo comunitario en Cali el año pasado, que en Colombia no hay racismo.

Blogs, pluralismo y libertad de expresión

2008-03-26T11:46:00.000-05:00

Por: César Rodríguez Garavito

Muchas veces, al escribir en este blog, me pregunto quién lo lee. Como la mayoría de los comentarios son anónimos, no tengo idea quién se toma el tiempo de leer estas líneas y, mucho menos, de dedicarle un rato a reaccionar a ellas. Lo que sí sé es que, a juzgar por las críticas que llueven, mucha de la gente que comenta piensa muy distinto a mí.

Y esto me alegra y, de hecho, justifica el esfuerzo de mantener este espacio. Porque no veo otra razón para los blogs que crear lugares de discusión abiertos y respetuosos donde se encuentren (y, por qué no, choquen) personas muy distintas que nunca se cruzarían en círculos profesionales o de amigos. Y que, a falta de estos espacios, estaría desfogando sus diferencias en intrigas personales o en apoyos a agendas políticas extremas o incluso violentas.

El problema es que, a juzgar por un excelente libro que acaba de sacar Cass Sunstein (un profesor de derecho en la Universidad de Chicago y, creo, el jurista público más interesante de EE.UU), la realidad del Internet y de los blogs es menos optimista que la utopía del debate virtual que acabo de pintar. En Republic 2.0, Sunstein muestra cómo el Internet puede estar cerrando la discusión pública, confinándonos a todos a leer sólo lo que queremos ver y llevándonos a hablar sólo con la gente que piensa como nosotros. En palabras de Sunstein, el Internet en general, y los blogs en particular, pueden estar convirtiéndose en un gran “cámara de eco” de lo que uno ya piensa.

Los “ciberoptimistas” como yo (al menos antes de leer el libro) han puesto el grito en el cielo y critican a Sunstein por aguar la fiesta de la expresión libre en Internet. Pero creo que hay que pararle bolas al argumento de Sunstein. Porque todos los que usamos el Internet hemos recurrido a formas de manejar información que ahorran tiempo pero inevitablemente nos cierran a opiniones contrarias. ¿Quién se lee todas las columnas de opinión, incluyendo las de los columnistas de sesgo político contrario? ¿Quién se preocupa por seguirle la pista a las agencias de noticias que le hacen propaganda al bando contrario? ¿Cuánta gente de izquierda ve Fox News? ¿Cuántos de derecha ven Telesur?

El asunto es complicado y dará para más blogs. Por ahora les dejo la inquietud, agregando sólo que Sunstein no cree en remedios basados en la regulación estatal del Internet, sino en prácticas más abiertas y plurales de gente como usted o como yo que nos pasamos buena parte del día navegando por la red.

Para reconocer el dolor sufrido por todas las víctimas y superar la asimetría que existe entre ellas, ¡salgamos a marchar el 6 de marzo!

2008-02-28T16:06:00.001-05:00

El Centro de Estudios DeJuSticia hace un llamado a toda la sociedad colombiana para que salga a marchar el próximo 6 de marzo contra las atrocidades cometidas por grupos paramilitares y agentes estatales. El apoyo masivo a esta marcha resulta esencial para que la sociedad deje en claro que rechaza todas las formas de violación de los derechos humanos, provengan éstas de donde provengan.

A lo largo de la historia de violencia del país, y en especial en los últimos años, se ha demostrado que la ausencia de un rechazo unánime de las atrocidades cometidas por los diferentes actores ha generado una asimetría entre las víctimas. Hay víctimas que no son reconocidas como tales, o cuya condición de víctimas es interpretada como un efecto colateral de la guerra, como un mal necesario. Esto produce una segunda victimización de estas personas, una invisibilización de sus reclamos legítimos de justicia, verdad y reparación, y una consecuente negación de su dignidad.

Una movilización social que se solidarice también con estas víctimas constituye un primer paso necesario para acabar con esta situación injusta y para dar pie a una verdadera reconciliación democrática. Además, una movilización de esta naturaleza no implica negar o reducir el rechazo social frente a otras atrocidades, sino ampliar ese rechazo a otro tipo de crímenes. Tampoco implica toman partido por uno de los bandos del conflicto, sino antes bien superar la polarización que la guerra ha generado a través de un grito firme contra todos sus efectos devastadores. Por último, una movilización como ésta no implica debilitar los cimientos democráticos del Estado colombiano, sino por el contrario fortalecerlos a través de una crítica constructiva a los excesos cometidos por ese Estado, que son los que minan tales cimientos democráticos.

Tutela, ¿el único remedio?

2007-12-11T15:23:00.000-05:00

La Defensoría del Pueblo reveló cifras muy interesantes sobre el uso de la tutela como mecanismo de acceso al derecho a la salud en Colombia. Según el estudio, un tercio reclama servicios de salud, y de este porcentaje la mitad pretende servicios que están incluidos en el Plan Obligatorio de Salud –POS-.

Estas cifras son la evidencia de que, para acceder a una medicina o a un tratamiento, no basta con que el POS contemple el servicio, o que para la jurisprudencia de la Corte Constitucional su prestación sea necesaria para garantizar la salud y la vida del paciente; muchas veces la tutela es el único remedio.

Por ello, muchos expertos han propuesto la creación de una justicia especializada que resuelva las tutelas de salud. Los defensores de la iniciativa creen que reduciría los niveles de congestión judicial que la tutela implica para los despachos, y, al mismo tiempo, especializaría la función. Como consecuencia, los jueces de tutela fallarían menos concediendo más de lo que corresponde o condenando a quien no toca.

Sin entrar en el debate sobre la congestión o la corrección de los fallos de tutela en salud, es preciso analizar las ventajas y desventajas de la tutela como mecanismo de acceso al derecho a la salud.

La acción de tutela ha sido un avance en el ejercicio real del derecho a la salud en Colombia. Ha permitido proteger la vida de miles de personas cuyas necesidades de salud no eran cubiertas por el POS y que no disponían de dinero para costear los gastos de salud. Además, es de obligatorio cumplimiento. Por ello, ha logrado el acceso efectivo a la salud para millones de colombianos, que de otra forma se hubieran quedado esperando en la puerta de un hospital.

Pero al ser el único mecanismo efectivo para obligar al cumplimiento del derecho a la salud, la tutela tiene varias desventajas. En primer lugar, genera problemas de inequidad. A pesar de que es una acción breve, en la práctica solo pueden interponerla quienes disponen de un mínimo de conocimientos, asesoría legal y capacidad de pago. Esto es especialmente grave para sectores que no cumplen estos requisitos, como los más vulnerables.

En segundo lugar, la tutela privilegia los casos más graves, es decir, sólo pueden acceder quienes demuestran que al afectar su derecho a la salud se está violando también su derecho a la vida. Esto deja por fuera la mayoría de reclamaciones en salud relacionadas con la calidad del servicio, como la demora en la programación de citas.

Finalmente, la tutela no logra impactar la política pública, ya que sólo resuelve el caso concreto. Por ejemplo, para las EPS es más rentable negar el servicio –pues unos pocos interpondrán el recurso- que cumplir de entrada con su deber de prestar una atención de calidad.

Con base en estos argumentos, Dejusticia los invita a debatir en torno a las siguientes preguntas: ¿Qué tan conveniente es garantizar el derecho a la salud a través del reforzamiento de la tutela? ¿Qué otras medidas, no necesariamente judiciales, serían adecuadas para facilitar que todos gocen su derecho a la salud?

Reelección ¿Otra vez?

2007-09-03T17:26:00.000-05:00

En las dos últimas décadas, la mayoría de los países latinoamericanos han reformado sus Constituciones con el fin de permitir la reelección presidencial. Ejemplo de ello son Argentina, y Perú (1993), Brasil (1997), Ecuador (1998), República Dominicana y Venezuela (2002), Costa Rica (2003) y Colombia (2004). El debate revivió porque el 15 de agosto pasado el presidente Chávez presentó al Parlamento una propuesta de reforma a la Carta venezolana para permitir la reelección presidencial indefinida. A su vez, la última edición de Semana articula conjeturas sobre un posible tercer mandato de Uribe.
La reelección se piensa como un medio más para promover u oponerse a determinadas políticas o personas. Por ejemplo, es dudoso que quienes apoyaron o se opusieron a la reelección en Colombia, asuman una postura similar en el caso venezolano. Por eso, para comprender la complejidad de la reelección presidencial necesitamos despersonalizar el debate y abordarlo desde sus razones históricas, políticas, filosóficas e institucionales. Por ello, presentamos a continuación de forma general algunos argumentos a favor y en contra de la reelección presidencial.
A favor de la reelección:
- incentiva la responsabilidad política en tanto los gobernantes deben esforzarse por cumplir con sus programas de gobierno a fin de obtener el apoyo ciudadano.
- implica una ampliación de la democracia, en tanto el pueblo tiene derecho a reelegir a sus buenos gobernantes. En este punto, confían en la existencia de electores capaces, democracias estables y maduras, así como instituciones robustas, encargadas de garantizar la ampliación de la democracia.
- permite mayor continuidad y estabilidad en las políticas, planes, programas y acciones de Gobierno ayudando a superar una concepción cortoplacista de las mismas.
- ocasiona riesgos para las garantías electorales, pero ello no es un pretexto para prohibirla del todo: Existen otras formas de control.

En contra de la reelección:
- el control político no es posible en virtud de la excesiva concentración de poder en la rama ejecutiva del nivel nacional.
- en nuestros contextos, la reelección presidencial se convierte en un mecanismo perverso. Para que no lo fuera, se requerirían partidos políticos fuertes, populares y autónomos, así como ciudadanos organizados, deliberantes, informados y respetados.
- la continuidad de los programas políticos no puede depender de una persona, en tanto las posturas personalistas, mesiánicas y caudillistas para afrontar los problemas resultan inconvenientes.
- la reelección es riesgosa porque los gobernantes harían un uso perverso de los recursos del poder para perpetuarse en él, generando fuertes desigualdades electorales.
- afecta el Estado de derecho y la estructura de separación y equilibrio de poderes.
Entre unos y otros argumentos, hay que pensar también en los matices.
Por ejemplo, no es lo mismo hablar de reelección presidencial con un periodo intermedio (alterna), de forma inmediata, o indefinida. Sus implicaciones son disímiles si se habla de regimenes presidenciales, parlamentarios, centralistas o federalistas. Es diferente hablar de reelección presidencial cuando se promueve durante el mandato de un presidente que busca ser reelegido. O bien, sus alcances son diferentes dependiendo de la fortaleza de las instituciones y la cultura política de determinado país.
Teniendo en cuenta tanto los argumentos a favor y en contra, así como los matices sobre este tema, les invitamos a responder: ¿es conveniente la reelección presidencial para América Latina, más allá de la actual personalización del debate?

Cortes menos cortesanas

2007-08-21T10:29:00.000-05:00

Esta semana, Ilva Myriam Hoyos y Cristina Pardo, integrantes de la terna para magistrado de la Corte Constitucional, declinaron su postulación argumentando que no estaban dadas las condiciones para una elección transparente.

Ellas consideraron que la terna estaba “cargada” porque el otro integrante es el secretario jurídico de la presidencia de la república, y cuenta con el aval más bien explícito del Congreso, el responsable de la elección.

Muy rápidamente el presidente rehizo la terna, incluyendo nuevamente al secretario jurídico y a otras dos personas muy poco conocidas en derecho constitucional.

Este hecho demostró de nuevo que los procedimientos de elección de los magistrados de las altas cortes son problemáticos por lo menos en tres sentidos. Uno, la determinación de las ternas se convierte en una forma de cooptar las instituciones judiciales. Dos, la ley de cuotas parece utilizarse para legitimar la elección de una terna que ya está amarrada y no para garantizar la participación de las mujeres. Tres, el debate que se da en torno a las postulaciones no trasciende la opinión pública ni toca temas como las idoneidad de los candidatos.

La mejor forma de lograr que los integrantes de las Cortes sean los más calificados en los planos ético y académico -y no los más útiles para las agendas ocultas- es que haya mayor transparencia en torno a las motivaciones y procesos de la terna.

Pensando en lo anterior, los invitamos a participar en torno a las siguientes preguntas:

¿Cómo avanzar hacia un proceso de elección de los magistrados que sea más abierto, informado e independiente, sin producir mayores traumatismos?

¿Debería pensarse, por ejemplo, en nuevos mecanismos para la elección de las altas cortes?

¿Es posible pensar en limitar la incidencia presidencial sobre la terna mediante una consulta previa?

La pregunta no es tan simple

2007-07-30T12:33:00.000-05:00

Para las próximas elecciones de octubre, ¿pueden o no postularse los desmovilizados que anunciaron su intención de ser elegidos como alcaldes, diputados y concejales?

Hasta la semana pasada, luego de conocer que algunos desmovilizados quieren ser gobernantes, muchos afirmaron que la cosa estaba clara, al menos en estrictos términos jurídicos: Pueden hacerlo si reúnen los requisitos, si no tienen antecedentes penales -salvo condenas por delitos políticos o culposos-.

Pero después de la polémica que se desató a propósito de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia sobre la inconstitucionalidad de aplicar el delito de sedición a los paramilitares, esa claridad se fue diluyendo. Si no se puede afirmar que algunas conductas de las autodefensas son delitos políticos, entonces todos los procesados podrían ser condenados por delitos comunes y, por lo tanto, no podrían presentarse a ningún tipo de elecciones.

La verdad es que ni antes ni ahora el asunto ha sido tan simple. Sea cual sea la respuesta que se dé, generará polémicas para el derecho, para la política, para la paz.

Adviértase la dificultad del defensor de derechos humanos. De un lado, algunos podrían argumentar que no debería negársele a los ex paramilitares –a los que realmente se hayan desmovilizado- que ejerzan plenamente su derecho a ser elegidos y a conformar las corporaciones públicas, puesto que se trata de sus derechos fundamentales. Pero de otra parte, ¿cómo puede alguien explicarle a las víctimas que ha defendido, cómo, aunque su derecho a la reparación aún no ha sido satisfecho, existe la probabilidad de que un ex paramilitar termine siendo el representante de sus intereses en las zonas que antiguamente controlaba por las armas? En tercer término, ¿no es una sanción legítima que quienes se han visto involucrados en crímenes atroces no puedan ocupar cargos que implican responsabilidad política y ejercicio de autoridad?

Para los partidos y movimientos políticos, la decisión tampoco es fácil. Admitiendo en gracia de discusión que jurídicamente no existen impedimentos para que los aspirantes se postulen como candidatos, algunos podrían señalar que no debería negársele a un ciudadano que quiere adherirse a su plataforma política el aval que necesita, si se supone que ya no tiene ningún vínculo con el paramilitarismo. Sin embargo, si el paramilitarismo no se ha desmontado realmente, ¿permitirles la participación en política a los desmovilizados no es en cierta medida autorizarles una cierta combinación de todas las formas de lucha, que es inadmisible en una democracia?

Algunos podrían responder diciendo que hay que darle tiempo al tiempo. Que los antiguos miembros de las autodefensas deberían entender la importancia de esperar a que el proceso termine y, ahí sí, si cumplen los requisitos, postularse para cualquier comicio. Así mismo, el país debería esperar a que se decantara la jurisprudencia que permite diferenciar delitos políticos y delitos comunes, así como todos los argumentos de la sentencia de la Corte Suprema. Pero no parece haber mucho tiempo. El 8 de agosto termina el plazo de inscripción de candidatos y algunos de los desmovilizados están en lista de espera para postularse.

Desde los derechos humanos y la dinámica partidista del país, ¿cuál cree usted que podría ser la mejor salida? ¿Hasta qué punto la sociedad debe asumir los riesgos de esas candidaturas?

Jueces para paramilitares: ¡Qué largo me lo fiáis!

2007-07-19T11:28:00.000-05:00

Todo es muy extraño. Según una noticia del diario El Tiempo y un informe de INDEPAZ, el paramilitarismo está tomando de nuevo media Colombia. A cuatro años de iniciado el proceso de paz con los jefes de las autodefensas, la retoma paramilitar del país plantea muchas preguntas a nivel político e institucional. Desde la cárcel, los comandantes que negociaron la paz con el gobierno nacional afirman que ellos no tienen ninguna relación con estos nuevos grupos, y que si algunos de sus hombres hacen parte de estos ejércitos privados es por su cuenta y riesgo y no por orden directa de los jefes presos.

Estos nuevos grupos paramilitares están conformados por desmovilizados y mandos medios de las antiguas AUC. Ellos se dedican a cuidar los cultivos ilícitos y los corredores estratégicos por donde transita la coca hacia Europa y Estados Unidos. Como mínimo, se puede inferir de esta situación que los pactos políticos no son suficientes para reducir a los hombres fuertes: por lo tanto, es necesario fortalecer la justicia.

La ausencia de un sistema judicial que vigile que los desmovilizados y los mandos intermedios no cometan más delitos, es uno de los factores que les permitieron a los paras retomar el control de las zonas donde tenían influencia. Un solitario juez promiscuo municipal de un apartado municipio del país no tiene la capacidad de someter al imperio de la ley a una banda armada. Tampoco puede denunciar ante los organismos competentes las irregularidades que cometen los paras reorganizados, porque su integridad personal está en juego. En suma, el juez se convierte en un convidado de piedra.

En su última columna de Semana, Antonio Caballero dice que lo único verdaderamente democrático que hay en Colombia es la impunidad. Los informes reseñados parecen darle la razón al periodista.

En El Burlador de Sevilla, de Tirso de Molina, don Juan Tenorio mata al padre de una de sus amantes engañadas. En el momento de morir, don Gonzalo lo amenaza con la justicia divina. Don Juan, burlándose, le dice: ¡Qué largo me lo fiáis!

Después de muchos otros engaños, don Juan vuelve a la tumba de don Gonzalo para mostrarle que sigue haciendo de las suyas, y hasta se atreve a invitarlo a comer. En la hora final, don Gonzalo se le aparece en la imagen de un convidado de piedra y le da muerte.

Esperemos que el Burlador de esta historia -el paramilitar reencauchado- no le diga a su juez, con la sorna del que no se siente al alcance del brazo de la justicia: ¡Qué largo me lo fiáis!

Entonces, ¿qué hacer para que esto no ocurra?

Una sentencia polémica

2007-02-18T10:49:00.000-05:00

La sentencia de la Corte Constitucional que reconoció derechos patrimoniales a las parejas del mismo sexo ha sido recibida por la opinión pública de cinco formas:

1. Algunos consideran que la sentencia es francamente desafortunada pues no se pueden extender a las parejas homosexuales los derechos de las parejas heterosexuales pues no sólo la Constitución sino también la sociedad colombiana protegen especialmente a la familia heterosexual.

2. Para otros, la decisión de la Corte es acertada porque protege a las minorías. Al otorgar derechos patrimoniales a las parejas del mismo sexo, no las deja desamparadas en caso de futuras calamidades o separaciones. Anteriormente, la ley 54 del 90, traía una definición heterosexual de la unión marital de hecho que permitía la repartición de las utilidades entre los compañeros y/o las compañeras permanentes de parejas heterosexuales. Esa situación era claramente injusta, pues el compañero y/o la compañera sobreviviente o el separado y/o separada de una pareja del mismo sexo quedaba inerme. La decisión de la Corte, entró a remediar este desequilibrio.

3. Otros se preguntan por la pertinencia de la decisión de la Corte. ¿Qué tan acertada es esa decisión para lograr la igualdad real de los ciudadanos LGBT? ¿Pueden equipararse las uniones heterosexuales a las uniones del mismo sexo? La respuesta de estas personas es negativa. Según ellos cada una de las uniones tiene sus particularidades por lo que igualarlas es un error. Por tanto, debería hacerse una legislación que tenga en cuenta tales peculiaridades. En su criterio, sólo así se lograría una efectiva igualdad.

4. Igualmente encontramos las posturas más comprometidas con la igualdad entre las familias homosexuales y heterosexuales que consideran que la Corte perdió una oportunidad preciosa para dar plenos derechos a los ciudadanos LGBT. Según su parecer, la Corte hubiera podido hacer más de lo que hizo, pues habría podido, por ejemplo, entrar también a amparar los derechos a la seguridad social de los compañeros permanentes de las parejas del mismo sexo. Según estos críticos, ahora habrá que esperar quién sabe cuánto tiempo, para que se vuelva a presentar otra oportunidad como la perdida.

5. Finalmente están aquellos que comparten la orientación de la decisión de la Corte, pero consideran que ésta no debió haber sido tomada por la Corte sino por el Congreso.

DeJuSticia invita a los visitantes de su página a que hagan sus comentarios alrededor de este tema.

(Des) Protección de las Víctimas

2007-02-01T18:44:00.000-05:00

El día de hoy fue asesinada Yolanda Izquierdo, víctima y líder de las víctimas del paramilitarismo. Esta muerte es dolorosa, como los son cada una de las muertes causadas por la mano violenta de otras personas. Pero este suceso nos lleva a pensar y a cuestionar seriamente el proceso transicional que vive el país.

A pesar de que esta líder denunciara públicamente las amenazas en su contra el mes anterior y solicitara protección a la Fiscalía, durante todos los días pasados, esta impuso una serie de trámites que le impidieron obtener la protección que necesitaba de manera inmediata. No es posible continuar un proceso transicional, si su actor más débil, las víctimas, deben añadir a las vulneraciones causadas por los paramilitares, la de la ineficiencia del órgano encargado legalmente de protegerlas dentro del sistema penal acusatorio y la ley de justicia y paz.

El Estado no sólo debe tomar medidas en contra de quienes cometieron el crimen sino admitir la responsabilidad de su omisión, reevaluar el papel que debe jugar en el proceso y tomar medidas urgentes para impedir que la muerte de Yolanda Izquierdo pueda repetirse, siquiera con una más de las víctimas del proceso.

¿Publicidad total para las versiones libres de los desmovilizados?

2006-12-20T17:43:00.000-05:00

Según información de prensa, muchas víctimas de las atrocidades de los grupos paramilitares no han podido escuchar las versiones libres que han comenzado a dar los jefes paramilitares desmovilizados, como Mancuso. La razón es que la Fiscalía estableció las siguientes exigencias: que las víctimas llenen un formulario con sus datos personales y además demuestren que quien está rindiendo la versión libre les ha ocasionado un daño directo. Pero ¿son razonables esas exigencias?

No lo parece al menos por las siguientes tres razones: de un lado, porque la mayor parte de los jefes paramilitares serán investigados por delitos de lesa humanidad, que precisamente son conductas tan atroces que ofenden no sólo a un grupo particular de personas sino a toda la humanidad. En cierto modo, todos los seres humanos seríamos entonces víctimas de esas organizaciones armadas y tendríamos entonces derecho a conocer la verdad de sus atrocidades. Cualquiera debería entonces poder escuchar esas versiones libres.

De otro lado, porque incluso si no se aceptara el anterior argumento, muchas víctimas no saben exactamente quien ha sido realmente el paramilitar que le ocasionó el daño. ¿No se mejor entonces dejar a las víctimas del paramilitarismo que escuchen todas las versiones libres de los paramilitares?

Finalmente, la exigencia de que las víctimas se identifiquen y llenen los formularios determinados por la Fiscalía podría poner en riesgo su seguridad personal.

Dadas todas esas dificultades, ¿no sería mejor que las versiones libres fueran totalmente públicas y que incluso fueran televisadas? ¿No valdría la pena además que quedaran grabadas como elementos de memoria histórica de las atrocidades ocurridas en Colombia en estos años?

Rodrigo Uprimny

Política públicas en época de transición: impunidad y tierras

2006-11-03T12:18:00.000-05:00

La formulación de políticas públicas cuya responsabilidad principal, pero no exclusiva, corresponde al gobierno, debe mirar los escenarios que con la misma se puedan ver afectados positiva o negativamente. Además de responder a una demanda puntual, una cierta política puede producir efectos laterales a veces tan complicados que obligan a examinar el contenido general de la misma. Particularmente, son sensibles a esta situación aquellas políticas públicas que de alguna manera toquen el actual proceso de desmovilización y reinserción.

Hay dos ejemplos sobre los que quisiéramosra llamar la atención para ilustrar la tesis: la política de lucha contra la impunidad y la política agraria.

1. Es clara la interferencia que sufrió la política regular de lucha contra la impunidad, con la ?política de transición? que llevó al Congreso, a iniciativa del gobierno, a expedir la llamada ley de justicia y paz, reglamentada luego a través de varios decretos expedidos por el mismo gobierno. Puede decirse que, aquella hizo aguas, merced a la fuerza que adquirió la política de transición que abiertamente cede ante la lucha contra la impunidad, a cambio de buscar otro tipo de beneficios. Nadie se acuerda ahora del documento Conpes que materializó la política de lucha contra la impunidad, pues esta noción se ha visto absorbida por el escenario de la justicia transicional.

2. Al margen de cualquier consideración en materia de desmovilización y resinserción, ya se encuentra con informe de ponencia para segundo debate de Senado, el proyecto de ley presentado al Congreso ?por el cual se dicta el Estatuto de Desarrollo Rural? ?EDR- y se reforma la institución encargada de ejecutar la política del gobierno sobre tierras ?el INCODER-. No se necesita mucho esfuerzo para hacer notar la manera como esta ley ?en caso de ser aprobada- puede interferir notoriamente en la ?política de transición? que se ejecuta actualmente, pues en el corazón de la violencia política colombiana se encuentra la disputa por la tierra. Sin que al parecer sea suficientemente consciente de ello, el gobierno ha puesto en marcha una política regular que toca el difícil problema de la tierra, insistiendo en mantener un paralelismo con la política ya trazada sobre el tema en el marco del proceso transicional que se adelanta con los paramilitares.

El gobierno debe ser consciente de que cualquier propuesta de reforma agraria ?como política regular de los próximos cuatro años-, en este momento debe tomar en consideración que la parte del león en el proceso con los paramilitares ?política transicional- se encuentra asociado, nuevamente, al problema de la tenencia de la tierra, como que son muchas las víctimas que han padecido su despojo violento.

¿Cuál reglamentación para la tutela contra sentencias?

2006-09-29T18:13:00.000-05:00

Como se ha podido ver, y como lo señalamos en nuestro anterior comentario, el tema de la tutela contra sentencias sigue en el centro del debate jurídico y político. El gobierno propuso una reforma constitucional, que incorpora una reforma a la tutela, para definir el tema, junto con otros temas, que ameritaran comentarios ulteriores en este blog. Por su parte, la Corte Suprema y el Consejo de Estado plantearon otra reforma constitucionalque elimina cualquier posibilidad de tutela contra decisiones de las altas cortes.

Nosotros creemos que con una ley estatutaria basta y sobra para solucionar el tema, como lo indicamos en el proyecto que estamos poniendo a consideración de la opinión pública. Algunos puntos se basan en trabajos previos nuestros, como los textos de Mauricio García y Rodrigo Uprimny o de Catalina Botero y Juan Jaramillo.Pero igualmente hemos aprovechado propuestas hechas por algunos visitantes a este blog.

Invitamos pues a que discutamos cuál de las regulaciones es la más apropiada, o si tienen nuevos puntos que creen que se deberian discutir.

Tutela contra sentencias: el debate está candente

2006-09-26T11:05:00.000-05:00

Nuevamente se ha revivido el tema de la tutela contra sentencias. Hace dos semanas el Consejo de Estado decidió que no cumpliría una sentencia de tutela de la Corte Constitucional que le ordenaba anular una providencia y proferir una nueva sentencia de conformidad con las pruebas que obraban en el expediente. Una semana mas tarde, la Corte Suprema de Justicia decidió que no cumpliría una sentencia de tutela del Consejo Superior de la Judicatura que, siguiendo la doctrina de igualdad de la Corte Constitucional, ordenaba a la Corte Suprema a nombrar en un cargo a la persona que había obtenido el primer puesto en el concurso de méritos. Más recientemente la Corte Suprema de Justicia "instruyo" a los jueces civiles para que no sigan la jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de debido proceso en los procesos ejecutivos hipotecarios. El último episodio es la arremetida pública, a través de todos los medios de comunicación, del Presidente de la Corte Suprema de Justicia contra la Corte Constitucional y contra el Presidente de la República.

La Corte no parece perdonarle al Presidente que hubiera decidido proponer algunas reformas a la acción de tutela contra sentencias - como la de implementar un término de caducidad y exigir que la violación del derecho sea alegada durante el proceso judicial como prerrequisito para poder interponer la tutela - en lugar de acabar con el control constitucional de las sentencias. Sin embargo, más allá del componente escandaloso de la polémica, la misma tiene que ver con uno de los aspectos centrales del modelo del control de constitucionalidad en Colombia.

La tutela contra sentencias es una de las piezas cave para lograr la verdadera constitucionalización del derecho legislado y la "irradiación" de los derechos fundamentales en todas las relaciones relevantes para el derecho. Este instrumento sirve, como tantas veces se ha dicho desde este mismo espacio, tanto para asegurar que los jueces - todos los jueces, tribunales y cortes - se sometan a la Constitución y a los derechos fundamentales, como para garantizar que la interpretación que los operadores jurídicos harán de estos derechos sea una interpretación unificada que los ciudadanos y ciudadanas podamos conocer, promover o controvertir. El tema es entonces fundamental y sobre el que Dejusticia ha producido algunos artículos académicos y columnas de opinión, que queremos de nuevo poner a su disposición en este blog, para continuar el debate. Los artículos mas recientes son: el de Mauricio García y Rodrigo Uprimny: ¿Qué hacer con la tutela contra sentencias? y el artículo de Catalina Botero y Juan Jaramillo: El conflicto de las altas cortes colombianas en torno a la tutela contra sentencias.

Esperamos sus comentarios.

Bacán el que parlacha

2006-09-19T16:51:00.000-05:00

El parlache se habla en Medellín. El parlache lo hablan los parceros de Medallo. También lo hablan los parceros de otras ciudades, pero ya no se llama parlache, se trata de lenguajes parceros en general. Junto con ellos, el parlache es un dialecto social, creado y hablado por los jóvenes de los sectores populares de las grandes ciudades. Investigaciones realizadas por profesores de la Universidad de Antioquia revelaron la existencia de una serie de palabras cuyo sentido ha sido reinventado por los hablantes, y de otras tantas completamente nuevas, imaginadas por ellos mismos. Todo ese conjunto de palabras y expresiones que le son propias a los grupos de jóvenes marginales conforma un nuevo lenguaje, derivado del español pero incomprensible para los extraños al grupo, los sanos o picados. La aparición de estos lenguajes fue paralela al crecimiento de las grandes urbes y sus procesos de desintegración social, exclusión y marginalización de algunos sectores de la sociedad.

Muchos de los jóvenes de estos sectores, con pocas o ninguna oportunidad de estudiar o trabajar, quedan entonces a la merced de las calles de los barrios populares, donde se reúnen en grupos y galladas, o parches, a "matar el tiempo". Conformados por jóvenes en búsqueda de autodefinirse y afirmarse, se configuran como grupos identitarios, donde se crea toda una serie de códigos especiales, que los diferencian de los demás, dentro de los cuales está el lenguaje hablado. Así se fue creando toda una fonética y un léxico que les es propio, y que sólo resulta accesible a los miembros del grupo. Es su manera propia de nombrar la realidad que los rodea cotidianamente.

El parlache y los demás lenguajes parceros están llenos de términos alusivos a la ilegalidad, el mundo de las drogas y la cárcel, y a las reglas de lealtad y amistad que operan entre ellos. Palabras y expresiones como los pases, bichas, pepas, baretos, toques, huele huele, empericarse, meter, chambiar, golpiarse o enrumbado, que hacen alusión al mundo de las drogas, son usuales en el parlache, como también lo son fierros, chuzos, montar en la suela, tombo, totiar, apartamentiar, tren de bala, calentura, perder el año, le pusieron la pijama de madera, tener la lápida en el pecho, cascar, banderiar, cobrar, encanar, finca, amurar, finado, entre otros, que hacen parte del campo semántico de las actividades delictivas, la muerte y la cárcel.

Este lenguaje parcero que hoy ha trascendido los pequeños grupos de jóvenes marginales, prestándole sus expresiones a amplios sectores de la sociedad, es testigo de una realidad donde la violencia es el pan diario, y, lo que es más preocupante, de que es el pan con el que se alimenta gran parte de las generaciones jóvenes de colombianos. El lenguaje, con su poder de nombrar la realidad, juega un papel constituyente de la misma. Un lenguaje violento no sólo es el reflejo de una realidad violenta, sino que además tiene la capacidad de perpetrar esa violencia. Se puede ser violento con las palabras, y las palabras violentas son el punto de partida para las acciones violentas. Cuando la cotidianidad se construye a partir de un discurso marcado por la violencia y las actividades criminales, existe un círculo vicioso difícil de romper.

Por esta misma razón, la salida del círculo vicioso sólo podrá provenir de una acción que se estructure desde los dos flancos: desde el discurso y desde las acciones sociales. Quizá la única solución sea la construcción de una sociedad más incluyente, donde las oportunidades se extiendan a toda la población, y donde la palabra en vez de violenta sea semilla de tolerancia y equidad. Por ahora sin embargo, el discurso de los jóvenes sigue siendo el reflejo de una realidad donde lo que cuenta es amanecer con vida, así para lograrlo haya que muñequiar a otro, por sapo, por faltón, por judío, por sebis, por pirobo ¿si me entiende?

El dilema del estudiante defensor

2006-09-07T16:35:00.000-05:00

En Colombia, para obtener el título de abogado, todo estudiante debe prestar gratuitamente sus servicios como abogado durante el último año de la carrera como miembro del consultorio jurídico. Entre otras labores, el joven practicante debe actuar como defensor de quien es acusado en un proceso penal y no tiene como costearse un abogado. Deber que se justifica en el derecho de todo ciudadano a la defensa consagrado en la Constitución. En esa medida, el consultorio jurídico contribuye a que el estudiante se enfrente al dilema que supone actuar como defensor en un proceso, y a partir de ahí, reflexione acerca del papel del abogado en la construcción de soluciones a los conflictos sociales.

En efecto, existen tres elementos de reflexión que evidencian la complejidad de la labor del estudiante en el consultorio. El primero, es el hecho que los procesos judiciales sean utilizados por las partes para resolver conflictos que poco o nada tienen que ver con el problema que se lleva ante el juez. Por lo tanto, un segundo punto de reflexión indica que no basta al estudiante con leer los documentos que componen el proceso para saber quien está diciendo la verdad, o quien tiene la razón. En ese orden de ideas, si el proceso ante el juez no es el verdadero conflicto, y en consecuencia no es suficiente con leer el expediente para entender lo que realmente está en juego, entonces los aspirantes a abogados no se encuentran en una posición de superioridad moral que les permita emitir un juicio de valor sobre los hechos y las personas involucradas en el proceso.

Para que la experiencia de trabajar en el consultorio jurídico realmente contribuya a la formación del estudiante de derecho, el trabajo que realiza el joven abogado no puede encontrar su justificación exclusivamente en el derecho que tiene cualquier persona a ser defendida por un abogado cuando así lo necesite. Este espacio constituye un escenario propicio para poner a prueba la idea del derecho como instrumento de cambio social, y a los jóvenes practicantes como posibles vehículos de la misma. Por lo tanto, el reto del consultorio implica superar el dilema del ?estudiante defensor? para poder participar en la construcción de soluciones a los conflictos entre las personas. Soluciones que permitan, si no curar, al menos aliviar las dolencias que afectan el tejido social de una comunidad.

Cultura ciudadana reflejo de desarrollo

2006-08-28T13:29:00.000-05:00

El crecimiento, desarrollo y modernización de una sociedad no sólo debería basarse en resultados productivos, económicos o financieros, sino en otros resultados relacionados con el capital social como la cultura ciudadana.

Una sociedad moderna y desarrollada se refleja en el comportamiento de su gente y en los valores y principios que guían sus acciones cotidianas, tanto en el ámbito interno de la familia o la empresa como en el espacio público. En ciudades de los países más desarrollados se pueden ver más ciudadanos que respetan las normas, que tienen consideración con los demás, que evitan perturbar o molestar innecesariamente al otro, que respetan las libertades, que ejercen y permiten ejercer los derechos humanos y en general ciudadanos que facilitan la convivencia y el bienestar general.

En Colombia y en particular en Bogotá, aunque se han hecho algunos avances con los programas de cultura ciudadana, el comportamiento de la mayor parte de la gente es contraria a esa cultura; prima la ley del más vivo y del que le hace el quite a la norma. Sólo basta ver por un corto tiempo hacia la calle y podremos ver el que empuja a otro para pasar primero, el que hace doble fila en un cruce o el que se cuela y obstaculiza algún carril, el bus que para a la mitad a la calle, el conductor de carro grande que cierra otro pequeño, etc. Tal vez, la mayor falta de cultura ciudadana se observa en el uso del transporte.

Aunque pareciera existir un consenso tácito en todos los colombianos en que debemos caminar rápidamente hacia el desarrollo y la modernización de nuestro país, parece que no hay una conciencia sobre la necesidad de un cambio de nuestros comportamientos hacia una cultura ciudadana propia de un país moderno y desarrollado.

Es cierto que hay varios caminos que pueden ayudar y que dependen de las políticas públicas de los gobiernos, que van desde las punitivas que castigan los comportamientos contrarios a los deseados, hasta las de tipo pedagógico, como las desarrolladas por Mockus en Bogotá. También está la formación ciudadana que debe darse en la familia y en políticas públicas para el sistema educativo. Pero independientemente de éstas, todos podemos empezar desde ya, reflexionando sobre el tipo de país y la ciudad que deseamos construir y poniendo un granito de arena para ese fin. ¿Por qué no empezar desde ya?

Es necesario crear conciencia que la cultura es parte esencial de la construcción de una sociedad moderna, desarrollada y justa y que no es algo superficial, liviano, como la gran mayoría de la gente la percibe.

El derecho de los ilegales

2006-08-17T17:24:00.000-05:00

Los corridos prohibidos son un género musical que pertenece a la música norteña y es la apropiación colombiana de los narcocorridos mexicanos. Ellos hablan de las reglas de la mafia, hacen pedagogía sobre lo que ocurre si se incumplen las normas de los barones de la droga (no ser soplón es importante), se exalta la memoria de los grandes narcotraficantes (corrido "El rey de los capos"), y se recomienda a los campesinos dedicarse a raspar coca y no volver a trabajar de peones en las haciendas ("Corrido del cocalero"). En sus tonadas los representantes de la ley son presentados como corruptos, por eso es necesario desafiarlos o ser ingenioso para burlarse de ellos. Un ejemplo de la desconfianza en las autoridades es el siguiente fragmento del corrido "El carro blanco": Es la ley están rodeados// Es mejor que no hagan nada// Cardona hizo una requisa// y al ver lo que transportaban// le dijo al jefe en seguida:// si quieren seguir su marcha pase ahí 200 millones// y yo aquí no he visto nada.

Esta música es muy popular en zonas donde la presencia del Estado colombiano es precaria (el Putumayo, Caquetá) o allí donde ha renunciado a ejercer el imperium (La zona esmeraldera de Muzo en Boyacá). En estos territorios las instituciones y la ley del Estado no son representativas para sus habitantes, porque hay otras formas mas efectivas de solucionar los conflictos o de obtener justicia asociados al dominio que allí ejercen las guerrillas, los narcotraficantes o los paramilitares. Algunos acusan a estos cantantes de hacer apología al dinero fácil o crear una épica mafiosa, lo cierto es que más allá de estos dictámenes, los corridos reflejan las situaciones que viven los colonos, quienes en el afán de sobrevivir y ganarse la vida prefieren que su existencia sea regulada por el leviatán local que por el Estado, que a su juicio es generalmente inoperante y además destruye su medio de sustento con las fumigaciones de glifosato.

Por esta razón el Estado se menciona poco en las composiciones musicales, que prefieren mostrar y enseñar a los pobladores cómo sobrevivir y cuál es el derecho que verdaderamente funciona. En las calles de Mocoa, al pie de los soldados que guardan el orden, suenan los corridos prohibidos cuya moraleja es que no hay que pelearse con la ley, pues muchas veces no pasa nada, lo que hay que saber es vivir según las reglas de quien impone la voz de mando del lugar.

La reforma tributaria

2006-08-09T18:57:00.000-05:00

El proyecto de reforma tributaria que se radicó en el Congreso el pasado 28 de julio parece escrito para otro país. No para uno como Colombia, con serias premuras sociales y fiscales, azotado por una profunda desigualdad, y con la necesidad de atraer inversión extranjera.

Por un lado, el proyecto propone la extensión de un IVA del 10% a algunos productos de la canasta familiar básica, como la papa, el arroz y la raspadura de panela. Como si no fuera suficiente, propone suprimir algunos beneficios tributarios, tales como las deducciones por donaciones a entidades sin ánimo de lucro. Esta medida equivale a decretar la muerte de las fundaciones y las instituciones educativas, cuyo sustento económico proviene principalmente de donaciones.

El argumento para ampliar el IVA, eliminar esas exenciones al sector solidario, y conservar otros impuestos, que el propio Gobierno reconoce que son técnicamente problemáticos, como el 4 por mil, es que no hay recursos. Lo ridículo es que diga esto cuando existe una alternativa tributaria equitativa como gravar las pensiones.

En un primer instante, este gravamen puede parecer regresivo y poco equitativo. Todo lo contrario. Si las pensiones se tratan como un ingreso más y se aplica el principio de progresividad, es decir, que a mayor nivel de ingresos, mayor la contribución, la medida resulta equitativa y redistributiva. Restaría determinar a partir de qué monto serían gravadas. Lo contradictorio es que con la reforma, un colombiano que gana entre 2,8 y 10,2 millones de pesos, es decir, entre 7 y 25 salarios mínimos mensuales, pague un impuesto del 15%, pero que pensiones que superan los 20 salarios mínimos mensuales estén exentas de todo gravamen. Es inaudito que el gobierno no sea capaz de dar la batalla por una medida equitativa y redistributiva cuando el presidente Uribe cuenta con un capital político de siete millones de votos y una ?aplanadora? en el Congreso.

¿Cuándo nos encaminaremos realmente a un sistema tributario fundado en los principios de equidad y progresividad?

¿Será que gravar las pensiones es un buen paso?

Para un desarrollo más completo de estas ideas, ver el artículo en www.semana.com

Seguridad 13 - Paz 1

2006-07-27T16:38:00.000-05:00

Las palabras de Álvaro Uribe en la instalación de las sesiones del Congreso el pasado 20 de julio son relevantes y reveladoras. En efecto, la agenda legislativa será central para su gestión gracias al "capital político" acumulado en el Congreso. En su discurso, se anunciaron reformas en aspectos que van desde la justicia y temas laborales hasta el TLC, el agro y reformas económicas. Pero todos ellos se articulan en una política de gobierno que, en últimas, es la directriz de sus acciones y propósitos.

¿Cuál es esa política? Para muchos analistas, este segundo mandato sería dedicado a las cuestiones sociales y a la paz, dejando de lado el enfoque prioritario de la seguridad. ¿Son entonces estos temas el nuevo trasfondo que le da unidad a su agenda?

El discurso nos da pistas para una posible respuesta: Durante la alocución, se mencionó la palabra PAZ sólo una vez, mientras que la palabra SEGURIDAD fue invocada trece veces. En algunas ocasiones se refería a temas sociales (seguridad social o seguridad alimentaria) o jurídicos (seguridad jurídica) pero la mayoría de las menciones estaban referidas a la seguridad democrática.

La carga de estas palabras no es indiferente y por ello, no es sorpresivo - contrario a lo destacado por la prensa- que no se dedicara una propuesta específica a la seguridad democrática o que el conflicto armado se viera como un tema marginal. Más allá de la apariencia, la seguridad atraviesa todas las iniciativas del presidente, igual que en el primer gobierno, al menos en el Congreso. Y esto no sólo por el análisis cuantitativo sino también porque al principio del discurso se señala que la democracia moderna y la construcción de una sociedad con oportunidades equitativas presuponen la conquista de la seguridad.

No queremos decir con esto que la seguridad ciudadana no sea necesaria en una sociedad democrática, pero ¿Es conveniente que siga siendo el eje de la política gubernamental? Y si es así ¿Es oportuno que lo sea en las proporciones que sugieren sus palabras?

Cerros de incógnitas

2006-07-21T09:56:00.000-05:00

¿Qué pasará con los cerros orientales? Ésa es la pregunta que nos llevamos haciendo los bogotanos en los últimos meses. Si bien oímos propuestas de la CAR, la Contraloría Distrital y recientemente del Polo, entre otros, lo cierto es que seguimos sin saber el destino de la reserva forestal.

Por absurdo que parezca, ni siquiera sabemos de cuánto es la reserva. Hace 29 años, cuando el Inderena creó la reserva, su extensión era de 14.170 hectáreas. Hoy, sin embargo, y hasta que el Tribunal Contencioso Administrativo se pronuncie, la reserva la componen 13.143 hectáreas, es decir, 973 hectáreas menos de lo que tenía la reserva en 1976. Pero, ¿por qué quitarle tanta zona a la ciudad si además sólo 519 de ellas están edificadas? Mientras el Ministerio se limita a contestar que ésta fue la extensión que determinó el Instituto Agustín Codazzi, el Representante Petro afirma que se trata de uno de los peores casos de corrupción de la ciudad.
Pero luego de definida, o en el entretanto, ¿qué pasará?

¿Derrumbarán las 519 hectáreas donde se encuentran colegios, canteras, barrios de invasión y lujosas residencias? Por un lado, hay quienes alegan derechos adquiridos, pero por el otro, hay quienes sostienen que las construcciones son ilegales por no tener licencia. Pero además, si no se tumban, la ciudad pierde reserva forestal, y hacerlo le costaría al distrito $1,3 billones de pesos en los próximos 10 años.

Entonces, ¿será que derrumbarán sólo algunas construcciones? De ser así, el distrito daría un mensaje perverso: todos incumplieron la ley, pero sólo unos deben responder. Lo que a su vez genera otra incertidumbre: ¿qué tumbarían?, ¿los barrios de invasión de los pobres, o las lujosas casas de los ricos?

La otra alternativa es hacer borrón y cuenta nueva. Eso implicaría legalizar los 16.847 predios, conservar las construcciones y sustraer de la reserva esas 519 hectáreas. Con esto, se beneficiarían quienes obraron ilegalmente, y perdería la ciudad por quedar con menos reserva; sin mencionar el precedente que se estaría sentando.

Las respuestas no son obvias e inmediatas pues se trata de un caso en donde algunos saldrán perdiendo. Es una cuestión de ponderar los objetivos estatales en conflicto y determinar cuál es el interés jurídico que se busca proteger.

Sobre el futuro de la tutela contra sentencias judiciales

2006-07-13T10:16:00.000-05:00

La idea de restringir el alcance de la tutela sigue rondando en el ambiente político colombiano. Sin embargo, hay nuevos elementos que le dan un matiz diferente al debate. Por una parte, están las recientes declaraciones del Presidente de la República en el marco del Congreso en homenaje a los 15 años de nuestra Constitución. Según Álvaro Uribe, el ejecutivo no pretende impulsar una reforma constitucional que elimine la tutela contra sentencias o que limite las posibilidades jurídicas de esta acción, más bien, se inclina por regular sus alcances por vía legislativa.

Por otra parte, posiciones más radicales buscan eliminar la tutela contra sentencias. Entre los representantes más conspicuos se encuentra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y el recién electo Magistrado, Nilson Pinilla, quien considera que la tutela debe ser "racionalizada", lo que en sus palabras significa que solo procederá cuando se trate de "verdaderos derechos fundamentales" y "exclusivamente cuando no haya otro mecanismo de defensa".

Finalmente, el Magistrado de la Corte Constitucional Manuel José Cepeda, propone que la mejor opción frente a la tutela contra sentencias es realizar un ajuste jurisprudencial progresivo que permita moderar sus efectos. Ante este panorama la opción que parece abrirse paso con mayor fuerza es la regulación de la tutela mediante una ley estatutaria.

Desde Dejusticia esperamos que el debate que se viene a raíz de esta iniciativa conlleve a un resultado que beneficie a los colombianos y que mantenga la integridad de la tutela avanzando en seguridad jurídica. Hemos recibido opiniones muy interesantes en nuestro blog. Algunas de ellas se dirigen a destacar el reto que implicaría para los defensores de la tutela contra sentencias el que se intente regular mediante una ley y el peligro que esto encierra, otras contienen criticas a la propuesta defendida por los profesores Uprimny y García que hay que tener en cuenta.

Por lo anterior, seguimos invitándolos a aportar en la discusión, seguros de que la defensa de la tutela debe partir de la acción decidida de la sociedad civil. Para tal fin, vale la pena formularse al menos estas preguntas: ¿Conviene regular la tutela contra sentencias?, si es así, ¿El camino jurídicamente adecuado para regular la tutela es una ley estatutaria? y ¿cuál sería el contenido que debe tener dicha ley?

El cinismo en Guantánamo

2006-07-04T15:30:00.000-05:00

Que Guantánamo es un lugar a la sombra del derecho en donde el gobierno estadounidense recluye a los detenidos de terrorismo, privándolos de los derechos más básicos, eso todo el mundo lo sabe. Lo que no es tan conocido, son las estrategias jurídicas y políticas que el mundo esta desplegando para terminar con este lugar.

En lo jurídico un fuerte golpe a la política antiterrorista de EEUU es la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de los EEUU que declara la ilegalidad de los tribunales militares que el gobierno proponía para juzgar la situación de los detenidos. Tribunales que nada tenían de imparcial, ya que eran dirigidos por los mismos militares que encabezan la lucha contra el terrorismo. En lo político, son cada vez más recurrentes los llamados de las organizaciones internacionales, del parlamento europeo, de los ciudadanos norteamericanos y hasta de sus propios aliados en la guerra contra el terror para el cierre de la base.

A pesar de estas presiones el gobierno norteamericano aún no se resigna a dar marcha atrás con las cortes militares. ¿Todavía le queda cara al gobierno de Bush para seguir con su política en Guantánamo? Parece que sí. Para una ampliación de estas ideas ver el artículo completo en www.semana.com

¿A Dios lo que es del César?

2006-06-30T03:07:00.000-05:00

Resulta difícil creer que, en pleno siglo XXI y en un Estado supuestamente laico, la Iglesia insista en intervenir directamente en la regulación jurídica de asuntos morales como el aborto. Sin embargo, en Colombia, la Iglesia se ha empeñado en hacerlo. Primero fueron las cartas de cientos de niños impulsadas por las autoridades eclesiásticas y dirigidas a la Corte Constitucional, solicitándole que impidiera que las mamitas fueran monstruos y mataran a sus bebés. Luego vino la amenaza de ex comunión a los magistrados de la Corte Constitucional que decidieron despenalizar el aborto en ciertos casos excepcionales, así como de todos aquéllos que pusieran en práctica la decisión de la Corte. Ahora, en un gesto que no deja de parecer desesperado, la Iglesia católica anuncia que adelantará un referendo para revivir la penalización del aborto en todos los casos. Y algunos rumoran que, además, la Iglesia está detrás de la apertura de un proceso para anular la decisión de despenalización parcial del aborto tomada por la Corte.

Si bien como cualquier grupo de presión la Iglesia católica tiene derecho de adelantar acciones políticas como la de proponer un referendo para lograr la penalización del aborto, debe hacerlo presentando la cuestión como lo que es: un asunto político frente al cual tanto católicos como no católicos pueden votar democráticamente según su criterio, y aceptando la posibilidad de que ciertos católicos estén moralmente en desacuerdo con la práctica del aborto, pero no por ello admitan la necesidad de que la misma sea castigada con pena de cárcel.

Para un desarrollo más completo de estas ideas, ver el artículo en www.semana.com

Lecciones de Jamundí

2006-06-18T08:29:00.000-05:00

Lo sucedido en Jamundí sugiere reflexionar alrededor de al menos cinco cosas: ¿qué opinas sobre las mismas?

Hacer justicia. Lo más importante de todo será que se investiguen y juzguen en debida forma a todos los responsables del hecho. Solo así las víctimas verán cumplida su expectativa de justicia.

Reformar el Código de Justicia Penal Militar. Que la investigación criminal, cualquiera sea el delito cometido, la lleve a cabo la Fiscalía y a partir de los resultados de la misma se defina en su oportunidad el competente para adelantar el juicio ?la justicia ordinaria o la castrense-, parece una propuesta sensata que merece ser examinada con detenimiento.

Lección política 1. Ganaría legitimidad la fuerza pública si reconoce públicamente los errores, la irregularidades o los crímenes cometidos, los aisla ?en el entendido de que nada de ello hace parte de una política estatal- y toma los correctivos del caso de manera oportuna, contundente y con plenas garantías para los responsables.

Lección política 2. La exigencia del presidente Uribe a las autoridades competentes para que se esclarezca el hecho y se de a conocer públicamente lo que realmente aconteció, es una demanda justa que hay que suscribir, mantener viva y generalizarla ahora que se avecina la aplicación de la ley de justicia y paz.

Lección jurídica. El presidente Uribe pidió igualmente a los jueces militares que se abstuvieran de conocer el caso, para dar paso a que la Fiscalía General de la Nación iniciase la investigación. La determinación del juez competente de la masacre de Jamundí, como la de cualquier otro hecho delictivo, no depende de la decisión del presidente, sino de unas reglas preestablecidas en normas jurídicas apoyadas con precisiones hermenéuticas hechas por la Corte Constitucional y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

Si quiere ampliar mas sobre este tema, vea el artículo completo en www.semana.com.co

¿Colombia homófoba?

2006-06-12T11:30:00.000-05:00

Ya era hora de que alguien desbaratara el cuento de Colombia como paraíso de la tolerancia sexual. Cuento que se suma al de la ausencia de racismo y otras formas de discriminación en el país. Les recomiendo la página de internet de Colombia Diversa, la nueva ONG que viene documentando con rigor y eficacia las violaciones de los derechos de las personas LGTB (lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas).

Para disipar toda duda sobre el grado de intolerancia y violencia contra esta población, basta ver el reporte de ayer en El Tiempo sobre los asesinatos tipo ?limpieza social? que han saltado a la luz pública en Bogotá. Como la misma Colombia Diversa lo dice en un reporte que está por aparecer y esperaremos en su página virtual, el país está en mora sacar del closet y de la impunidad estas y otras formas de abuso contra los ciudadanos y ciudadanas LGTB.

¿Qué hacer con la tutela contra sentencias?

2006-04-23T18:08:00.000-05:00

Todo indica que en los próximos meses se viene una reforma a la tutela. El primer paso parece ser la supresión de la tutela contra sentencias, con el argumento de que introduce el caos en la administración de justicia.

Todos los ciudadanos debemos estar atentos a estas tentativas de reforma porque la tutela es un patrimonio de todos los colombianos para la protección de sus derechos. Más de un millón doscientas mil tutelas en estos quince años de vigencia de la Constitución de 1991 dan testimonio del profundo arraigo popular de este mecanismo judicial.

Eso obviamente no significa que la tutela no pueda ser reformada. Pero los cambios deben estar destinados a reforzar la capacidad de este instrumento para la defensa de los derechos

Un reciente debate en el Congreso, el pasado jueves 20 de abril, permitió conocer los primeros argumentos a favor y en contra de la tutela contra sentencias. Varios socios e investigadores de DeJuSticia han defendido la tutela contra sentencias, con algunos matices y ajustes. Para abrir el debate, ponemos a su disposición el artículo de Mauricio García y Rodrigo Uprimny: ¿Qué hacer con la tutela contra sentencias? y el artículo de Catalina Botero y Juan Jaramillo: El conflicto de las altas cortes colombianas en torno a la tutela contra sentencias.

Se trata de propuestas para la discusión. Por ello quisiéramos conocer opiniones y argumentos.

¿Qué creen ustedes que se debe hacer en Colombia con la tutela contra sentencias? El debate está abierto.

Bienvenido al blog de Dejusticia

2005-12-12T10:12:00.000-05:00

A partir de hoy, Dejusticia alimentará periódicamente su blog o bitácora electrónica. La agilidad y la velocidad de difusión del blog le permitirá a Dejusticia intervenir oportunamente en los debates de coyuntura sobre la democracia, el Estado de derecho y los derechos civiles y sociales en Colombia y en América Latina. En este espacio, por tanto, los usuarios de la página de internet de Dejusticia encontrarán análisis y opiniones frescas sobre noticias de actualidad en estos temas, información novedosa tomada de documentos académicos y periodísticos recientes, noticias sobre eventos y publicaciones relevantes, y otros tipos de información útil para una audiencia amplia de académicos, estudiantes, funcionarios públicos, organizaciones no gubernamentales, y medios de comunicación.